Presupuesto 2022: ¿y la Transformación Digital?

El presupuesto del órgano rector de la Transformación Digital del Estado no está alineado con su misión institucional …

Hace ya un tiempo escribí sobre los costos asociados a varias reformas y proyectos de ley, entre otros el de Transformación Digital del Estado, ley que fuera aprobada en 2019 (Ley Nº 21.180) y que su puesta en marcha está a la espera de que los reglamentos sean aprobados por la Contraloría General de la República, pero que se espera estén listo en noviembre de este año. 

A partir de esto y dado que algunas de las estimaciones es que la fecha de inicio de dicho proceso debiera ser en 2022, es que me puse a revisar el presupuesto solicitado para el próximo año por diferentes áreas que tienen un rol relevante en este proceso. Al revisar el presupuesto de la División de Gobierno Digital (DGD) en el Ministerio Secretaría General de Presidencia, órgano con un rol fundamental en el proceso de implementación de la ley (Ley de Presupuesto 2022), me encontré con algunas sorpresas, no muy buenas por cierto.

 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

Partamos por las cifras de gasto que plantea el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022, actualmente en discusión en el congreso con un monto total para todo el Estado de 82.135 millones de dólares. En sus partidas más vinculadas a la Transformación Digital del Estado, me refiero a la División de Gobierno Digital, Laboratorio de Gobierno y la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda, según el sitio de la Dirección de Presupuestos tenemos que:

Llevando esto números a montos en dólares (para lo que utilice una tasa de cambio de $806,55 pesos por dolar) tenemos que:

Incluso podríamos ser generosos e incluir como parte del presupuesto del proceso de Transformación Digital, los presupuestos de la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda (2,9 millones de dólares) y del Laboratorio de Gobierno (1,7 millones de dólares) lo que da un total de 10,7 millones de dólares para el año 2022, frente a un presupuesto público total de 82.135 millones de dólares, y aproximadamente unos 750 millones de dólares en gasto TI en el Estado (cifra estimada a partir de estudio que hace hace algunos años), las cifras destinadas al proceso de transformación, lo que representa un 0,01% del presupuesto total y 1,4% del gasto TI parecen por decir lo menos exiguas, como lo demostré en un cálculo preliminar del costo de digitalización de trámites, y ese es sólo uno de los tres ejes que contempla la ley.

División de Gobierno Digital – Lineas de Acción

El presupuesto 2022 plantea un monto total de 6,1 millones de dólares para toda la División de Gobierno Digital, recordemos que se trata del órgano rector en materias de Transformación Digital del Estado. 

Esta división define sus ejes de trabajo en las siguientes áreas: i) políticas y normativa, ii) tecnologías y iii) adopción digital, como lo detalla su web:

• Estándares y Políticas: Establecer normativas y políticas transversales relativas a la Transformación Digital del Estado.
• Servicios compartidos: Desarrollar y operar plataformas transversales habilitantes (servicios compartidos) para las instituciones públicas, tales como: identidad digital, expediente electrónico, firma electrónica y otros.
• Apoyo a los Servicios Públicos: Orientar a las instituciones en la implementación de las políticas asociadas a la ley de Transformación Digital del Estado.

Como se aprecia el mandato y misión institucional es de gran alcance, ya que tan sólo la gestión de plataformas transversales habilitantes es muy demandante de recursos, dadas las características de esos servicios con grandes exigencias a nivel del volumen de transacciones y de la criticidad de su operación (servicios de misión crítica).

Es por ello, que un presupuesto de 6,1 millones de dólares resulta del todo insuficiente para un adecuado abordaje de esas funciones, sólo en una correcta operación en términos de seguridad, escalabilidad y disponibilidad de las plataformas transversales requiere de recursos importantes. A modo de referencia la agencia australiana de transformación digital, DTA por sus siglas en inglés, tuvo un presupuesto de 184 millones para el primer, y en Uruguay su presupuesto sólo para digitalización de trámites en 2020 fue de 9 millones de dólares.

Dudas razonables

Al revisar el proyecto de ley de presupuesto 2022, actualmente en discusión en el congreso es que me surge la gran pregunta:

¿Cómo espera el Estado implementar la Ley de Transformación Digital con los recursos asignados?

A esta pregunta que llevo un tiempo formulando , en el pasado le he escuchado a varias autoridades de gobierno respecto de este tema decir, que se utilizarían en gran parte recursos del presupuesto corriente de las instituciones, pero lo que no se incluye en esa ecuación es que una parte muy significativa del presupuesto corresponde a gasto operacional (mantener la operación actual) y por lo tanto el margen para destinar recursos a nuevos proyectos de inversión es muy baja.

Otro argumento repetido es que si realizamos un gasto TI más eficiente, esto ayudaría a contar con más recursos, y si bien comparto que hay gasto superfluo y/o mal ejecutado en proyectos TI en el sector público; mejorando sustancialmente esos gastos tampoco nos alcanza. Si miramos algunas de las experiencias citadas como exitosas en proceso de transformación en el gobierno central, casos como: INAPI o SUSESO, estamos hablando de proyectos que duraron varios años y cuyo costo fue de varios millones de dólares, incluso suponiendo que estas instituciones no fueron muy eficientes en el gasto y lo reducimos a la mitad, tampoco alcanza cuando estamos hablando de todo el gobierno central y los municipios (alcance de la ley Nº 21.180).

Lo que queda claro es que el monto de los recursos destinados no se condicen con el tamaño del desafío, y por lo tanto mantengo mis dudas.

Foto: Markus Spiske en Unsplash