Los costos no me cuadran!

Del análisis de los informes financieros de estas iniciativas de ley, al menos a mí, algunos de sus costos no me cuadran

Hace unos días hemos conocido dos proyectos de ley que tienen componentes de digitalización muy significativos, uno de ellos enfocado a la Modernización del Estado, donominado Ley de Transformación Digital, que busca transformar la interacción tradicional con el Estado basada fundamentalmente en soporte papel hacia una relación preferentemente en soporte digital; y otro cuyo foco es la modernización tributaria del país, el cual incluye la adopción de mecanismos digitales como la boleta electrónica.

Si bien me parecen ambas, reformas necesarias, hay algo que me llama profundamente la atención y dice relación con la evaluación financiera de ambos proyectos de ley; evaluación realizada por la Dirección de Presupuesto.  En ambos casos, los costos estimados para la implementación de algunas de sus componentes y su operación en régimen están a mi modo de ver, subdimensionados, con lo cual quedan dudas respecto del análisis que se realizó para llegar a los costos planteados en esos documentos.

Como diría Jack vamos por partes

Transformación Digital

El proyecto de Ley de Transformación Digital, proyecto que busca privilegiar la interacción electrónica por sobre papel entre los ciudadanos/empresas y el Estado.  Estamos hablando de un gran avance y que debe hacerse con los cuidados del caso, como lo plantee en un post anterior, quiero centrarme en esta ocasión en los aspectos financieros del proyecto de ley.  Todo proyecto de ley lleva un análisis de la Dirección de Presupuestos que busca identificar el impacto financiero del mismo, tanto desde el punto de vista de los gastos (inversión y recurrentes), así como de los ahorros estimados.  El informe corresponde al número 098-2018.

Respecto de dicho análisis hay algunas cosas que me llamaron la atención, aquí los números del costo estimado para el desarrollo “faltante” de las componentes de la Suite Digital, la cual según me han comentado, ya que en el documento financiero no se detalla, se trata de los siguientes servicios: identificación digital (Clave Única), motor de workflow y BPMS, gestor documental, CRM del Estado, firma electrónica y oficina de partes digital. .  La mayoría de los servicios/productos de la Suite Digital corresponden a servicios muy masivos y que en algunos casos podrían transformarse en servicios de misión crítica si se adoptan en todo el Estado.

Los costos de inversión total (periodo de implementación desde 2019 al 2021) estimados por la Dirección de presupuestos, expresados en dólares son:

El proyecto de implementación se plantea en un horizonte de 3 años 2019 a 2021 para su desarrollo, lo que da un monto de inversión total de 4.8 millones de dólares (aproximadamente 1.6 millones de dólares por año), y un costo de operación en régimen a partir del 4 año (año 2022) de 1.6 millones de dólares.

Llama la atención lo bajo de los recursos destinados, salvo que los elementos faltantes de estos servicios planteados sean realmente menores, lo cual desconozco.  Pero estamos hablando de grandes plataformas de alta transaccionalidad, sólo recordar algunos proyectos de envergadura que el Estado de Chile ha desarrollado en el pasado, tales como: Chilecompra (hace algunos años escribí sobre esto), Sigfe y otros.  Por ejemplo, puedo mencionar una evaluación del diseño de una plataforma CRM del Estado para un país bastante más pequeño que el nuestro, que realice para un organismo multilateral y ese sólo proyecto en su componente de hardware y software, tenía un costo total de propiedad (a 5 años) de cerca de 6 millones de dólares.

Por otra parte, los montos destinados a la gestión del cambio, de aproximadamente US$ 33.761 anuales ($23.242.149)  para realizar procesos de adopción, capacitación y gestión del cambio para todo el Estado.  He escuchado el argumento de que esto se va a hacer utilizando modelos de eLearning, como una forma de bajar los costos, pero incluso con esa estrategia los números no me cierran, ya que un proceso de aprendizaje por la web en modalidad eLearning no va a ser suficiente para producir un cambio tan significativo en muchas instituciones del Estado.

Algunas preguntas que me surgen: 

1. ¿Consideran un monto razonable para la inversión en la Suite Digital, que permita realizar el cambio del paradigma papel al digital en todo el Estado de Chile? 
2. ¿Cómo se realizó la evaluación para llegar a un monto de US$ 33.000 anuales para el proceso de gestión del cambio, considerando de que se trata de un proceso que debe ser llevado adelante en un número significativo de servicios públicos?

Reforma Tributaria

Uno de los cambios que plantea la reforma tributaria es la incorporación del mecanismo boleta electrónica, nuestro país ya cuenta con el sistema de facturación electrónica.  Al igual que en el caso anterior los costos fueron analizados por la Dirección de Presupuestos, informe financiero número 146-2018, en la tabla siguiente se muestran los montos asociados al ítem Presupuesto para proyecto digitalización de la atención del contribuyente (cuadro Nº 3) , el cual incluye la implementación de la boleta electrónica.  Parte de este análisis fue publicado por el Diario El Mercurio, en una columna conjunta con Claudio Agostini, quien analizó los aspectos de recaudación.

En la tabla siguiente se incluyen los costos estimados por la Dirección de Presupuesto para la componente de digitalización de la atención del contribuyente, la cual incluye la implementación de la boleta electrónica.  Se incluyen los valores asociados a los costos de inversión total (periodo de implementación desde año 1 al año 5), expresados en dólares son:

Es decir un costo total durante el periodo de implementación 13.7 millones de dólares.

En el caso de los costos, hay que considerar no solo las componentes necesarias para el SII sino que también el costo para los comercios que tienen que cambiarse de boleta de papel a boleta electrónica. Esto último, incluye el costo del dispositivo y el costo de operación (mantención, soporte y conectividad ya sea a través de un enlace internet o vía celular). La reforma no establece detalles respecto a la forma de implementación y esos detalles importan.

Hoy ya existe el concepto de boleta electrónica y está asociado al pago usando medios de pago bancarios (tarjetas de débito y crédito), en el cual se reconoce como boleta el comprobante que emiten los dispositivos de pago provistos por la empresa Transbank (también llamados POS). El problema surge cuando el pago se realiza con efectivo. De hecho, algunos comercios cuentan con dos sistemas, la boleta tradicional en papel para el pago en efectivo, y el POS para los pagos electrónicos. Para masificar la operación de la boleta electrónica y eliminar la boleta de papel, hay que instalar otros dispositivos similares a los de Transbank pero con menor cantidad de funcionalidades o modificar los dispositivos existentes para que contengan esta nueva funcionalidad, sólo emitir boleta.  En el caso de la mayoría de los pequeños comercios que no cuentan con esos dispositivos, deberán adquirir uno, el cual, al igual que en el caso de la factura electrónica debieran a estar conectados al Servicio de Impuestos internos para el envío del comprobante electrónico. Ello implica un aumento muy significativo en el volumen de documentos electrónicos que debe procesar impuestos internos, por lo que es muy probable que se deba potenciar su plataforma tecnológica para estos efectos. Pero los costos sólo son los asociados al potenciamiento de la infraestructura del SII.

Los costos del nuevo sistema se pueden desglosar en tres componentes. El primero, es el costo de los dispositivos de pago del tipo POS, que cuestan entre US$125 y US$ 160 cada uno. En el caso de dispositivos con menos funcionalidades, como las requeridas en este caso (emisión y envío del documento boleta electrónica al SII), este costo podría bajar hasta unos USD$ 50. El segundo, es el costo de operación, que incluye los costos asociados a la conectividad (celular o web) y los costos de mantención (actualizaciones de software, papel, y soporte entre otros). El tercero, es el costo asociado a los procesos de captura y operación, los que si se sigue el modelo de factura electrónica son costos en los que debe incurrir el SII. ¿Quién va asumir todos estos costos?  Al tomar datos públicos de la industria, el costo fijo asociados a los dispositivos de pagos es de 0.60 UF/mes más una comisión por venta, si hacemos algunos supuestos, por ejemplo, que el costo de operación de este tipo de dispositivos corresponde al 50% del cargo fijo que cobran los operadores, 0.30 UF/mes, y estimado que las microempresas no cuentan con el dispositivo de algunos de los operadores de las redes, los costos anuales ascenderían a cerca de 100 millones de dólares (incluso en informaciones de prensa, apareció un servicio similar, aunque a un nivel muy acotado).  Considerando una inversión inicial de cerca de 70 millones de dólares.

Analizando estos costos a un horizonte de 3 años llegamos a la cifra no despreciable de  370 millones de dólares. Si a esto agregamos al resto de las empresas las cuales en algunos costos van a tener que incurrir.

Por otra parte quedan algunas preguntas en el aire

1. ¿Cual va a ser el modelo operacional, me refiero a quien va a operar la red (gestión de los dispositivos, soporte y mantención), se licita a los operadores actuales o la opera directamente SII?
2. ¿Para aquellos que tienen POS de las redes de pago, podrán utilizar ese mismo mecanismo para emitir la boleta, incluso cuando no hay pago con tarjetas bancarias?
3. ¿Cuál va a ser el mecanismo alternativo cuando no exista posibilidad de conectividad o bien el servicio no esté disponible?
4. ¿Los costos de inversión de los dispositivos en las puntas serán asumidos directamente por los micro empresarios?

En ambos casos, me surgen fundadas dudas de los costos estimados para la implementación  de algunas de las componentes de los proyectos de ley, sólo espero que se revisen al momento de la discusión legislativa