Buenas noticias, que también generan dudas

Importante apoyo del BID al impulso de la Ley de Transformación Digital en Chile, quedan eso si algunas interrogantes en el aire

Hace unos días salió por la prensa, la aprobación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, de un préstamo para apoyar el proceso de puesta en marcha de la Ley de Transformación Digital, la cual como ya era sabido estaba escasa de financiamiento, incluso cuando se diseñó se le pusieron recursos bastantes escuálidos por decirlo en forma elegante.

La actual administración desde su llegada ha realizado algunos cambios especialmente en los plazos, que si bien mejoró el tema en su momento, no creo que sea la solución definitiva, y además no se resolvió el problema del financiamiento necesario para la implementación de dicha ley, el cual nunca se sinceró totalmente, con ese escenario estábamos frente a un típico ejemplo de falta de Vitamina-I.

Primero que nada, vayan mis felicitaciones a todos quienes diseñaron y gestionaron la operación de préstamo con el BID, tanto a nivel local en la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, como desde el BID en su oficina en Santiago y en Washington, se me vienen algunos nombres a la cabeza, a nivel local Lina Marmolejo y Cesar Abusleme, y en la sede del BID Miguel Porrúa, además del buen apoyo de José Cacho Clastornik.

Operación de Préstamo

El préstamo corresponde a una operación a 5 años, finalizando en 2027.  El monto total es de 100 millones de dólares, y algo que me sorprendió es que no hay contrapartida en el presupuesto público, por lo que había visto en operaciones similares estas habitualmente iban acompañadas de una contrapartida local, pero en este caso no lo hay. Otro atributo que tiene esta operación es que se basa en resultados comprometidos, y por lo tanto los recursos no son a todo evento.

Los objetivos planteados para el proyecto son:

• Aumentar la adopción de servicios digitales del Estado con enfoque ciudadano; y
• Mejorar la eficiencia del gasto e inversión pública en TIC para la transformación digital del Estado.

Esto es, foco en la cantidad y calidad de servicios digitales que entrega el estado, y por otra parte un mejoramiento del gasto público TI, sin olvidar los desafíos de institucionalidad, ya en 2015 varios les hicimos recomendaciones y propuestas concretas (OCDE incluida), respecto de esto último no ha pasado mucho en 8 años, es de espera que ahora si que si, pero bueno ya veremos.

La operación tiene tres componentes:

• Componente 1. Servicios digitales con enfoque ciudadano (US$58.000.000). El resultado esperado es el aumento del número de organismos públicos que habilitan servicios digitales del Estado con enfoque ciudadano.
• Componente 2. Gasto e inversión para la transformación digital del Estado (US$35.000.000). El resultado esperado es la mejora de la eficiencia del gasto e inversión pública en TIC.
• Componente 3. Institucionalidad de gobierno digital, datos y ciberseguridad (US$7.000.000). Este componente, de carácter transversal, contribuye al logro de los resultados esperados de la operación 

Desafíos DGD

Primero que nada hay que poner en contexto lo que significa para la División de Gobierno Digital (DGD) esta operación.  Si bien la DGD venía creciendo como se ve en la evolución del presupuesto, pasando de algo más de 3 millones de dólares a más de 10 en 3 años.

El presupuesto de la DGD está destinado fundamentalmente a recursos humanos, 43% en el último año (en 2022 fue el 57%), con una dotación que ha crecido desde las 47 personas a cerca de 90 el año pasado.  Sólo durante este año se ha visto una modificación en la tendencia del presupuesto, aumentando la participación de personal y creciendo en forma significativa los bienes y servicios de consumo, como se aprecia en la siguiente gráfica (las cifras están en dólares norteamericanos).

Los recursos de la operación de préstamo distribuidos desde este año y hasta el fin de la operación significan un suplemento de prácticamente el doble de los recursos que administra actualmente la DGD y si eso lo llevamos al área de bienes y servicios (que es donde se van a concretar los recursos) estamos hablando del cuádruple por los próximos 4 años y medio.

Dado esto es que surgen al menos de interrogantes relevantes, asociadas a la capacidad de ejecución y a la sustentabilidad en el largo plazo.

¿Musculatura de ejecución?

Esta importante inyección de recursos financieros, plantea un desafío muy grande para la DGD, y que tengo serias dudas que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia tenga la musculatura suficiente para ejecutarlos, al menos con la maquinaria actual, recordemos que estamos hablando de muchas licitaciones y procesos de externalización, con su consecuente esfuerzo para llevarlos adelante, me refiero a preparación de términos de referencias, licitaciones, evaluaciones, adjudicaciones y el contrato asociado.

Pero más allá de el proceso técnico-administrativo de la externalización, luego viene otro desafío aún mayor, me refiero a los desafíos en gestionar y ser contraparte de muchos proyectos en simultáneo.

¿Y Después del 2027?

La otra pregunta que surge es que vamos a hacer después del 2027, cuando se terminen los recursos de la operación, los que por diseño está destinados a inversión (CAPEX) y pasemos a la fase de operación (OPEX) en la que se requiren de recursos en forma permanente. Recordemos algunas métricas de comparación con una institucionalidad de desarrollo digital en la región, me refiero a la AGESIC de Uruguay, recuerdo el post en el que hacía algunas comparaciones odiosas con dicha organización, AGESIC tiene el triple de dotación a la DGD, en un país cuyo gastos público es 5 veces menor, si lo hiciéramos proporcional (que yo se que no lo es) la DGD al 2027 debería contar con una dotación de al menos 200 personas.

En la fase de operaciones debemos estimar que un porcentaje de esas inversiones deben ser operadas y mantenidas en el tiempo (obsolescencia tecnológica), si asumimos un gasto de operación que fluctúa entre un 15% y 20% del costo de inversión por año, el cual por cierto es un proxy a la baja, estamos hablando que la DGD deberá incrementar en forma permanente su gasto en al menos 10 millones de dólares por año por sobre su presupuestos actual, lo que significa duplicar su presupuesto actual en régimen.

Y, la institucionalidad, ¿Cuándo?

Estamos preparados como país, para dotar a nuestro estado de una institucionalidad que de cuenta de los desafíos de inversión y operación del proceso de Transformación Digital del Estado, que no terminan con los plazos establecidos en la ley.

Ya han existido múltiples intentos de promover un mejor modelo institucional, hay varios diagnósticos y propuestas al respecto. Por que claramente la institucionalidad actual no da cuenta de los desafíos que se vienen por delante, tanto en la implementación de la lay, como en la operación de plataformas transversales (de misión crítica) y el personal necesario para soportar el proceso, al menos algo parecido al requerimiento mínimo

Quedan preguntas en el aire, ya veremos que tan en serio nos tomamos el tema.