Conciliar transparencia y mejor mercado en las Compras Públicas

El proceso de modernización de las compras públicas en la región, ya tiene varios años de desarrollo.  Muchos países han generado los cambios necesarios para mejorar los procesos de compras por parte del Estado, los que han pasado fundamentalmente por iniciativas en:

• Marco normativo, dotar al país de un marco jurídico y normativo que asegure altos estándares de transparencia e incentive la competencia.
• Plataforma tecnológica, implementar el soporte tecnológico que ayude y potencie este mercado, recordemos que se trata de un mercado muy grande, en términos promedios la OCDE lo estima como el 10% del PIB de cada país.
• Nueva modalidades, implementando nuevas formas de salir al mercado y contratar, ya no sólo utilizado los esquemas tradicionales de licitaciones y cotizaciones, desarrollándose nuevas formas como convenios marco (como ejemplo en Chile Convenio Marco representa más que todo el comercio electrónico B2C del país), subastas inversas y otros.

Ahora bien,  todo esto lleva a que en pos de la transparencia y competencia, se afecten algunas prácticas que hoy en el mundo privado se promueven y que están dando buenos resultados en términos de mejorar la calidad del gasto y la relación comprador-proveedor.  Los elementos que afectan en mayor o menor medida, algunas de ellas corresponden a temas regulatorios y otras a malas prácticas, me refiero a:

• Cada vez se parte de cero, en las relaciones entre privados, entre grandes compradores y su comunidad de proveedores, existe el consenso de una buena práctica asociada a las relaciones de largo plazo, en particular con las PyMEs.  Esa relación de largo plazo no existe o al menos es difícil de generar en el Estado, que producto de su normativa busca que cada proceso de adquisición sea sin historia, o que al menos esta pese poco.

• Poco incentivo a que proveedores pequeños se consorcien para poder potenciar su oferta.  Es muy común el sesgo de los compradores a contratar a proveedores grandes.

• Uso indiscriminado de la contratación pública como un habilitador de otras políticas públicas,  me refiero a: incentivos a la inclusión, compras sustentables, pequeña y mediana empresa, etc.

• Promover sólo el ahorro y no el valor del gasto, en muchos países el esfuerzo por mostrar grandes porcentajes de ahorro y presionar los precios a la baja, usando diversos mecanismos hacen que muchas empresas que tienen productos/servicios con alto valor agregado se resten

• Pago tardío, es muy común escuchar de proveedores que se lamentan por las demoras del Estado a la hora de pagar, en particular de ciertos sectores (salud, municipios, otros), lo cual genera problemas de flujo de caja a los proveedores.

• Falta de planificación de la compra, es muy común que los compradores públicos acumulen los procesos de compra hacia el final del ejercicio presupuestario, basta ver las curvas de aumento del gasto en el último trimestre del ejercicio presupuestario para validar lo que digo.  Esto sólo va en desmedro de una contratación más planificada, mejor diseñada y bien ofertada, ya que el incentivo que las dirección presupuestarias ponen es a la ejecución del gasto y no a la calidad de la misma.

Estas prácticas y costumbres usadas en forma indiscriminada, hacen que resulte muy difícil establecer alianzas comprador-proveedor de largo plazo, lo cual en mi opinión sería un ganancial para ambos.

Los estados se encuentran en el dilema de equilibrar los atributos de transparencia y competencia, con el desafío de tener un mejor mercado proveedor y mejorar el valor del gasto por parte del Estado.