Tal como hemos conversado, hace ya un tiempo que estamos trabajando en un nuevo modelo de portal de servicios, con mayor orientación ciudadana y que incluye elementos como la identidad digital (con un modelo como el aqui descrito) e incluso la participación ciudadana en su diseño. 

Hasta ahora hemos estado mas bien focalizados en el diseño y trabajo con referentes nacionales, internacionales y estándares, por lo que junto con la consolidación de nuestra nueva instiucionalidad de gobierno electrónico estamos comenzando la difusión de nuestros planes de corto y mediano plazo. Te invito a visitar nuestro nuevo sitio (alpha), donde comentamos algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, donde se incluye el modelo de identidad digital que queremos implementar:

http://www.modernizacion.cl/gobierno-electrónico/proyectos/mejorar-servicio-al-usuario/

En este sitio, además invitamos a los ciudadanos a participar con ideas sobre modernización, así q la invitación queda hecha.

Como nota al margen, te cuento q Registro Civil, además de estar participando activmente en la implementación de la identificación digital, esta en proceso de rediseño de su web con mayor orientación ciudadana.

Saludos 

Andrés Bustamante Valenzuela

Director de Gobierno Electrónico

Secretaría General de la Presidencia

@abustamante_tic

Gracias Andrés por el comentario, que bueno que se está avanzando en esta materia, respecto de la plataforma web del Registro Civil, lamento que se haya desechado la evaluación en profundidad de su portal web con una mirada ciudadno céntrica realizada por un muy buen conocido mío

Saludos

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Alejandro Barros

* …Retengo tu propuesta acerca de «un modelo de autenticación centralizado»; tu le llamas «poner problemas» a intentar validar legalmente este tema, pero nunca puedes olvidar el contexto de «Derecho Público»; en concreto: para que un solo órgano autentique la identidad de todos los funcionarios públicos debes darle la competencia por ley; y no es la misma del SRC, que sólo autentica a ciudadanos en su calidad de tales pero no  a funcionarios en su calidad de tales (v.gr. funcionario de la Dirección del Trabajo). Hoy cada servicio público sólo puede autenticar a sus propios funcionarios.

* …En principio no es cuestionable jurídicamente la implementación de mecanismos de autenticación, y técnicamente está validado a cabalidad, salvo por el hecho de que, en primer lugar, crear sin un respaldo legal ad hoc sino de facto un único sistema nacional de autenticación de los funcionarios y de los ciudadanos, de manera tal que sea uno sólo el servicio público que administre la base de datos personales para la autenticación, no sería viable. El tema central es la responsabilidad administrativa para el servicio que asuma la autenticación, misma que puede ser errada o posibilitar suplantaciones.

* …Obvio que se puede aplicar (y ya se hace)  las mismas medidas o el mismo modelo de seguridad y de autenticación para la identidad de los ciudadanos que se conecten vía Internet utilizado a esta fecha con éxito por la banca, tratándose de los sitios web «transaccionales» de los servicios públicos -porque no se necesita autenticar la identidad para visualizar una simple página web informativa- el mecanismo utilizado es el de asociar un dígito verificador que es el número de RUT (un dato personal) a una password que genera el ciudadano. La cosa es: ¿qué servicio público asumirá la responsabilidad de generar, validar y mantener las claves en forma centralizada?.

*  …Sobre la legalidad de Derecho Público de la implementación de un sistema de autenticación, es el Decreto Supremo N° 77 del 2004, una norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la Administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos, el que  establece que con la finalidad de proteger la confidencialidad de la información y cuando corresponda, se podrá adoptar un mecanismo de control de acceso o autenticación a las direcciones electrónicas que contengan las respuestas de la Administración del Estado.

* …Otra norma es el Decreto Supremo N°100, que aprueba una norma técnica para el desarrollo de sitios web de los órganos de la Administración del Estado, y prevé para que el procedimiento de comunicación con los ciudadanos pueda realizarse en línea, que el organismo de la Administración del Estado -previamente o antes de responder las consultas de los ciudadanos- debe verificar suficientemente la identidad del solicitante que se conecte al sitio web y utilice la dirección electrónica de contacto que en él se publique. Es decir, se le obliga al servicio a autenticarlo, y la mejor forma de hacerlo es registrándolo previamente.

* …En fin; yo entiendo que la opción de que cada servicio público debería disponer de sistemas de autenticación propietarios para su relación con los ciudadanos atenta contra los principios de eficiencia, eficacia y coordinación que el legislador establece para la Administración del Estado, porque disponer de tantos identificadores como servicios públicos existan entrabaría el funcionamiento de los mismos servicios implicados y desalentaría el uso de medios electrónicos como plataforma de comunicaciones entre los ciudadanos y los distintos órganos de la Administración del Estado, socavando toda pretensión de avanzar en la construcción de Gobierno Electrónico.

* …Pero no es blindable a esta fecha jurídicamente que los servicios públicos con menos desarrollo tecnológico puedan externalizar o traspasar a otro servicio público que asuma, bajo su responsabilidad, la gestión del sistema de autenticación propiamente tal y de la base de datos personales necesaria para implementarlo y mantenerlo.

Sería –por ejemplo- el caso de un ciudadano que quisiera entrar a la página web y al sitio transaccional de la Dirección del Trabajo y al pretender conectarse fuera reenviado telemáticamente al sitio web y a los sistemas del Minsegpres, a espaldas o sin que el ciudadano visualizara que sus antecedentes no están siendo tratados, almacenados y confrontados en la Dirección del Trabajo sino en otro órgano del Estado. Esto es ilegal y contrario a derecho, porque el segundo    -el Minsegpres- no posee las competencias de Derecho Público necesarias para asumir la responsabilidad de gestionar los sistemas de autenticación ni las bases de datos personales del segundo -la Dirección del Trabajo-; además de que por mediar un engaño al ciudadano la opción debe ser desechada de plano.

Abrazo.

rjl – http://www.jijena.com

Saludos

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Alejandro Barros