Gobernaza Digital, una deuda pendiente
Para poder avanzar con la implementación de nuestra ley de Transformación Digital, se requiere dotar al Estado Chileno de una Gobernanza más robusta que la que tenemos actualmente.
Esta columna escrita a cuatro manos junto a Mario Waissbluth, fue publicada originalmente en el medio electrónico El Mostrador
Sucesivos gobiernos han demostrado un descuido manifiesto por un tema vital para la calidad de vida de los chilenos. El Estado tiene una severa debilidad para hacer frente al proceso de transformación digital, ahora regulado por una Ley, la 21.180. Una actualización reciente de la misma solo modificó los plazos de implementación, mas no así los costos involucrados, lo cual impedirá transformar de forma sustantiva la manera en que opera el Estado, tanto en sus procesos internos como en la forma en que presta sus servicios a los ciudadanos. Este no es un tema menor, ni “tecnocrático”.
El gobierno central ahora tiene plazo hasta diciembre de 2024 para digitalizar todos sus trámites ciudadanos, y hasta el 2026 para que esto ocurra con los procedimientos administrativos. Los municipios tienen algo más de holgura, pero no mucha. Al 2027 el Estado –tanto a nivel local como central– deberá, según la ley, llevar todas sus operaciones desde el soporte papel al digital.
Cuando esta ley se presentó la acompañaba un informe financiero, el documento que indica la cantidad de recursos adicionales para su implementación. Este decía que se solicitan 4 millones de dólares en 4 años, algo más de 1 millón por año, esto es, un poco más de 7.000 dólares por año por cada servicio público, lo cual es francamente irrisorio y, para ser sinceros, inaceptable.
Por su parte, la organización mandatada para acompañar el proceso es la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, organización cuyo presupuesto solicitado para el 2023 es de 8,7 millones de dólares. Mirando el vaso medio lleno, subió en un 67%, pero nuevamente esa cifra claramente es insuficiente para materializar este proceso. Una comparación odiosa –por decir lo menos– con otro país de América Latina, Uruguay: nuestro presupuesto es 4 veces menor, y si se indexa por tamaño de país, es casi 20 veces menor. Por cierto, en dicho país han tenido 2 directores de Servicio en 15 años, y en Chile este es un cargo de confianza política cuya rotativa acumula 13 directores en 15 años. No hay organización que resista esa rotativa directiva. Es ya hora de crear un Servicio Público, con la dotación adecuada de planta y presupuesto, bajo las normas de la ADP.
Tanto la OCDE como un grupo de consultores nacionales le señalaron al Ministerio de Hacienda, hace ya siete años, que la institucionalidad existente era precaria, y la situación no ha mejorado un ápice desde entonces. En resumen, en materia de esta crucial transformación del Estado, ocurre que:
- El presupuesto y la dotación de recursos humanos es claramente insuficiente;
- Se planteó una alta exigencia de la ley en términos de cobertura y plazos;
- La institucionalidad para abordar este desafío es completamente precaria, una precariedad que ya no resiste análisis.
Nos queda la esperanza de que el Poder Ejecutivo y el Congreso acepten que, frente a los desafíos que nuestro país enfrenta hoy y a futuro, requerimos de un Estado con estándares mucho más altos que los actuales y que NO basta con una ley para lograrlo.
Aun queda algo de tiempo para corregir las cosas en el Presupuesto 2023.
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